¿Qué está pasando en Venezuela?

El 6 de diciembre de 2015, los venezolanos acudieron a las urnas electorales para escoger a los diputados que integrarían la Asamblea Nacional en el período 2016-2021. La coalición de la Mesa de la Unidad Democrática, integrada por los partidos de oposición, se llevó la mayoría al lograr 112 escaños de los 167 que integran el Parlamento. Obtuvo un total de 56,2% de los votos.

Los diputados que ejercían en la AN para el período 2011-2016 (la mayoría pertenecientes al partido del gobierno) sesionaron el 28 de diciembre de 2015 para designar a los nuevos magistrados que conformarían el TSJ; una acción que se realizó a pocos días de entregar sus curules a los nuevos parlamentarios electos.

Este acto fue rechazado por especialistas que aseguraron que no todos los postulantes electos cumplían con los requisitos explicados en la ley para convertirse en magistrados.

• Artículo Nº 264. Los magistrados o magistradas del Tribunal Supremo de Justicia serán elegidos o elegidas por un único período de doce años. La ley determinará el procedimiento de elección. En todo caso, podrán postularse candidatos o candidatas ante el Comité de Postulaciones Judiciales, por iniciativa propia o por organizaciones vinculadas con la actividad jurídica. El Comité, oída la opinión de la comunidad, efectuará una preselección para su presentación al Poder Ciudadano, el cual efectuará una segunda preselección que será presentada a la Asamblea Nacional, la cual hará la selección definitiva. Los ciudadanos y ciudadanas podrán ejercer fundadamente objeciones a cualquiera de los postulados o postuladas ante el Comité de Postulaciones Judiciales o ante la Asamblea Nacional.

El 5 de enero de 2016 los 112 diputados se juramentaron, por lo que el Tribunal Supremo declaró en “desacato” al Parlamento venezolano. Desde ese momento, las leyes aprobadas no han contado con el respaldo de ninguno de los organismos del Estado, y todas han sido declaradas nulas por la sala constitucional del TSJ.

A los pocos días de su instalación, Maduro denunció presuntas irregularidades y compra de votos en el estado Amazonas; después de la impugnación ante el TSJ, se prohibió la juramentación de tres diputados de oposición.

Hasta la fecha, ni el CNE, ni el Ministerio Público han aclarado la situación con los diputados de ese estado. Tampoco se llamó de nuevo a elecciones, como establece el reglamento.

En el 2017, el Parlamento designó a nuevos magistrados del Tribunal Supremo, pero el Gobierno declaró este acto como «nulo» y el Ministerio Público ordenó que se detuvieran a los abogados. Actualmente la mayoría se encuentra en el exilio.

• Artículo Nº 347. El pueblo de Venezuela es el depositario del poder constituyente originario. En ejercicio de dicho poder, puede convocar una Asamblea Nacional Constituyente con el objeto de transformar el Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva Constitución.

• Artículo Nº 348. La iniciativa de convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente podrán tomarla el Presidente o Presidenta de la República en Consejo de Ministros; la Asamblea Nacional, mediante acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes…

En un panorama que demostraba que el TSJ asumía las competencias del Parlamento, y diversos sectores denunciaban la ruptura del hilo constitucional, la ANC se instaló luego de unas cuestionadas elecciones realizadas el 30 de julio de 2017. Según cifras oficiales, más de 8 millones de personas participaron en los comicios; sin embargo, diversos grupos de oposición y analistas afirmaron que hubo solo 3 millones de votantes; adicionalmente, la sociedad civil denunció una significativa falta de participación en los distintos centros de votación a nivel nacional, lo que evidenció una gran abstención reflejada en un profundo descontento y desconfianza en el CNE, organismo oficial del poder electoral venezolano.

Por su parte, la comunidad internacional se manifestó ante los hechos: más de 40 países rechazaron al organismo, mientras que solo seis reconocieron a la naciente ANC.

De forma instantánea, la constituyente rápidamente tomó acciones y comenzó con el allanamiento a la inmunidad parlamentaria de la Asamblea Nacional, para dar paso además a la destitución de la fiscal general Ortega Díaz.

Ola de sanciones

Las últimas sanciones contra funcionarios fueron realizadas el 8 de enero de 2019 por Estados Unidos.-

Desde la crisis política del 2014, varios países tomaron acciones contra funcionarios del Gobierno venezolano mediante sanciones afectando sus transacciones económicas, viajes y congelación de bienes.

Estados Unidos y la Unión Europea han sido los principales en sancionar a funcionarios del Estado, quienes han respondido que estas acciones afectan directamente la economía del país, trayendo escasez en alimentos y medicinas; no obstante, tanto EE. UU. como la UE fueron claros a través de declaraciones que las sanciones se basan en la congelación de bienes y cuentas individuales de las principales figuras del Estado, también investigadas por casos de corrupción y narcotráfico; por lo que no ponen en riesgo las transacciones ni el flujo de ingresos de Venezuela.

Hasta la fecha más de 100 personas, entre funcionarios públicos y sus familiares, han sido sancionados de alguna forma por diferentes países. También existen restricciones en Panamá, Estados Unidos y la Unión Europea para realizar acuerdos comerciales con empresas ligadas a funcionarios del Gobierno.

Por otra parte, el Estado venezolano continúa realizando con normalidad sus transacciones basadas en sus negocios con petróleo; y maneja el comercio de la industria básica con acuerdos internacionales sin restricciones.

Unas elecciones apuradas

Cierre de campaña de Maduro, 2018.-

El 23 de enero de 2018, la ANC adelantó las elecciones presidenciales previstas para diciembre de ese año y propuso el 30 de abril como nueva fecha. Esta decisión fue rechazada por la oposición, la Organización de Estados Americanos y otros países, ya que el ente carecía de legitimidad; incluso, ese adelanto electoral nunca estuvo previsto dentro de las leyes venezolanas.

Del mismo modo, los partidos de oposición decidieron no participar en la propuesta de los comicios que se realizarían el 20 de mayo. En vista de un complicado ambiente, la mayoría de países del continente americano y los integrantes de la Unión Europea declararon que no reconocerían las elecciones ni al presidente que resultara electo.

Henri Falcón, candidato por el partido Avanzada Progresista (AP) y antiguo gobernador por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), formalizó su candidatura a las elecciones presidenciales y rechazó que los partidos integrantes de la MUD no participaran. Así las elecciones se llevaron a cabo, y el 20 de mayo resultó electo Nicolás Maduro para su segundo período 2019-2025. Según datos del CNE, Maduro obtuvo más de 6 millones de votos frente a los casi 2 millones de Falcón.

El candidato de AP desconoció los resultados asegurando que se registraron varias denuncias de compra de votos y la instalación de “puntos rojos” (tarantines adeptos al partido de Maduro) dentro de los centros electorales, un recurso usado por el oficialismo que también violaba el acuerdo de garantías suscrito entre los candidatos; por lo que no reconoció a Maduro como ganador de las elecciones.

Un líder desconocido

Juan Guaidó es el diputado más joven en convertirse en presidente de la Asamblea Nacional, tiene 35 años.-