Catar anunció hace unos días que, tras 15 meses de masacre, Israel y Hamás habían acordado un acuerdo de cese al fuego que entraría en vigor el domingo 19 de enero. A pesar de que ha sido saludado por todos los actores internacionales, pasadas unas horas del anuncio se ha puesto de relieve que su implementación será enormemente compleja.
El acuerdo del 15 de enero pretende lograr un consenso para aplicar el pacto que se trató de alcanzar en mayo de 2024 mediante el intercambio de rehenes y prisioneros e instaurar una “calma sostenible” que logre un “alto al fuego permanente”.
De esta manera, sobre la base del cese al fuego, la vuelta de los gazatíes a sus “hogares”, el repliegue parcial de los soldados israelíes hacia las fronteras de la Franja y el aumento de la ayuda humanitaria, se desplegará un plan de tres fases, de las cuales solo la primera se ha negociado al detalle.
Así, a lo largo de 42 días se llevará a cabo una entrega de parte de los 94 rehenes (se cree que solo 60 siguen vivos, por lo que se devolverían sus cuerpos), priorizando a las mujeres, ancianos, menores y enfermos. En contrapartida, Israel liberará a 1 000 presos detenidos tras el 7 de octubre de 2023, siguiendo para ello unas fórmulas de intercambio pactadas. Por ejemplo, cada mujer-soldado retenida se intercambiará por 50 prisioneros palestinos.
En la segunda fase, también de 42 días, se pretende establecer una “calma sostenible”, estabilizando el conflicto y continuando el intercambio de presos palestinos por hombres retenidos. Finalmente, en la tercera fase, se abrirán los cruces fronterizos, se implantará un plan de reconstrucción por consensuar y, por último, se intercambiarán los cuerpos de rehenes muertos por más prisioneros. En todo caso, los detalles de estas dos últimas fases están pendientes de negociación.
El patrocinio del acuerdo ha sido objeto de disputa entre los presidentes de Estados Unidos Biden y Trump. Mientras el mandatario saliente trató de reivindicar que la base del pacto es la establecida en mayo del año pasado, sin especificar por qué entonces no se cerró y ahora sí, hay quien ha querido ver las promesas de desatar “un infierno” del presidente entrante como un elemento de presión.
No obstante, la información disponible apunta a que tanto republicanos como demócratas han trabajado conjuntamente para asegurar un acuerdo que pueda continuar más allá del 20 de enero.
Más muertos tras el anuncio
Sea como fuere, el acuerdo se ha puesto en cuestión desde el primer momento. Por un lado, se ha informado de que tras el anuncio del pacto, la actividad militar israelí ha continuado, con ataques que han acabado con la vida de 80 personas.
Por otro lado, Israel ha acusado a Hamás de querer modificar el contenido del acuerdo, tratando de presionar en el último minuto para asegurar la liberación de algún prisionero representativo para la causa palestina.
De fondo nos encontramos con la oposición del ministro de finanzas, Bezalel Smotrich, líder del partido supremacista Sionismo Religioso, que no oculta sus ansias colonialistas de recrear el “Gran Israel”. El auge de este ideario político en la sociedad israelí explica, en parte, por qué los intentos de acuerdo de mayo y junio de 2024 no llegaron a buen puerto y permite prever el futuro del alcanzado este enero.
En todo caso, el hecho de que se trate de un pacto con diferentes fases que dependen del buen desarrollo de la anterior y que haya aspectos fundamentales aún por negociar –como quién gobernará la Franja de Gaza, la retirada completa del ejército israelí o la gestión de la seguridad– lo convierten en un acuerdo muy frágil.
Incluso si se logra superar estos escollos sobre los que hoy no hay ningún consenso, las partes deberán enfrentarse a los incidentes habituales en esta clase de procesos, las propias tensiones derivadas de que el proceso negociador continúe y la voluntad declarada de torpedear el proceso por una parte del Gobierno israelí. La misma intención tiene una mayoría de la Knéset, el órgano unicameral que ostenta el poder legislativo del Estado de Israel.
Otro aspecto relevante del pacto es que solo aborda las consecuencias derivadas del 7 de octubre y el posterior ataque israelí, poniendo de manifiesto un problema subyacente nuclear. Hoy por hoy, la mayor parte de fuerzas israelíes, incluido el primer ministro, Benjamín Netanyahu, y su partido, no apuestan por la solución de los dos Estados.
La postura de Fatah y la OLP
Frente a esta posición nos encontramos a Fatah y a la Autoridad Nacional Palestina (ANP), ampliamente deslegitimada para una parte importante del pueblo palestino, y a Hamás que, no sin cuestionamientos, parece que ha comenzado a abrirse parcialmente a la solución de los dos Estados. O, al menos, ha entendido que no tiene margen político para otra posición diferente.
En suma, el mejor de los escenarios posibles, aunque imprescindible para la supervivencia de la población gazatí, se presenta lejano y lleno de obstáculos. En todo caso, de alcanzarse ese hito, la solución política del conflicto quedaría pendiente. Hasta que se aborde el problema territorial o los enfrentamientos armados vuelvan a sucederse.
Balance de 15 meses de ofensiva
Tal como pretendía Hamás, el ataque del 7 de octubre logró paralizar la dinámica de normalización de relaciones entre los Estados árabes con Israel, torpedeando la pretensión estadounidense de establecer un nuevo orden en la zona que le permitiera centrarse en su giro hacia Asia. Además, puso de nuevo la cuestión palestina en el centro del debate de la comunidad internacional.
No obstante, el coste ha sido altísimo: 46 800 palestinos muertos (64 000, según The Lancet), Gaza convertida en un páramo inhabitable y una nueva realidad en Oriente Próximo claramente hostil a sus intereses, con la unidad del eje de la resistencia rota y la derrota de Hezbolá.
Para Israel el balance no es mucho mejor. El 7 de octubre, además de acarrear la muerte de 1 189 personas, volvió a evidenciar que el país vivía instalado en una falsa seguridad. En este sentido, lejos de replantearse su estrategia, desató una agresión contra la Franja de Gaza, y en menor medida contra Cisjordania. Si bien le ha permitido hacerse con el control del norte de la Franja, abriendo la puerta a su colonización, no ha logrado acabar por completo con Hamás –un objetivo que algunos militares reconocen que no es posible–.
Asimismo, a nivel internacional afronta un descrédito absoluto. A lo largo de este conflicto se ha roto el tabú de considerar a su régimen colonial y de apartheid, con una opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia que reafirma su carácter de potencia ocupante y sostiene que ha impuesto un sistema estructuralmente discriminatorio para el pueblo palestino.
Igualmente, se ha evidenciado el cariz genocida de sus prácticas, con otro caso ante el mismo tribunal pendiente de resolución y la imposición de sanciones internacionales por parte de algunos Estados. Además, su primer ministro, Benjamín Netanyahu, y el exministro de defensa, Yoav Galant, hacen frente a una orden de arresto de la Corte Penal Internacional, siendo las primeras ordenes de este tipo que se imponen a líderes occidentales.
Avances en el proyecto colonialista israelí
En cambio, Israel ha cosechado a nivel internacional importantes avances en su proyecto colonial. En el Líbano ha debilitado enormemente a Hezbolá, ha acabado con sus principales líderes ocupando parte del sur del territorio, ha abierto paso a que el Estado libanés pueda imponerse y ha alcanzando un acuerdo de cese al fuego que prácticamente le da un derecho de intervención.
En Siria, la dinámica tras el 7 de octubre ha conducido a un cambio de régimen que ha terminado con la presencia de Irán en el país, cortando las líneas de suministros con Hezbolá y aumentando su territorio ocupado en Siria. Por tanto, con el acuerdo de alto al fuego, Israel podría concentrar sus esfuerzos en el que considera que es su verdadero adversario: Irán.
Más allá de los balances que puedan hacerse, no debemos perder de vista que cada semana mueren cientos de personas producto de ataques deliberados, enfermedades y otras situaciones producidas por el conflicto abierto. Solo la actual propuesta de acuerdo de alto al fuego, con todos sus retos y limitaciones, puede evitar esto.
Aritz Obregón Fernández, Doctor en Derecho internacional, Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea
Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lea el original.
