¿Puede un instrumento financiero mejorar la inserción de migrantes?

El pasado 8 de marzo el Gobierno de Pedro Sánchez procedió, por medio del Real Decreto-ley de medidas urgentes de protección social y de lucha contra la precariedad laboral, a la aprobación de un fondo de 70 millones para financiar iniciativas a favor de “la integración laboral, educativa y social de las personas inmigrantes”.

Dicho fondo había sido creado en 2004 y contaba inicialmente con una dotación de 67 millones de euros para el fomento de la integración de inmigrantes a través de la educación y el aprendizaje del español. Sin embargo, la aportación presupuestaria se eliminó en 2012, suprimiéndose así una serie de dispositivos y ayudas específicos para la población inmigrante.

Durante casi siete años, las ayudas públicas para la integración de migrantes han sido prácticamente inexistentes. Y ello ha implicado que las entidades del tercer sector hayan tenido que llenar este vacío con iniciativas propias, en gran medida destinadas a desarrollar cursos de formación o planes de acción para la búsqueda de empleo.

Parece evidente que la capacidad de respuesta al reto de la integración de los inmigrantes por parte de los gobiernos central, municipales o regionales es insuficiente y podría venir ligada a los vaivenes del ciclo económico.

Por este motivo, se hace necesario implementar mecanismos y fórmulas innovadores que cubran la falta de ayudas públicas hacia el colectivo migrante.

Desde el siglo XVIII

La inversión socialmente responsable tiene un largo recorrido desde que se instrumentalizara hacia el S.XVIII, cuando cuáqueros y metodistas decidieron discriminar sus políticas de inversión y dejaron de respaldar económicamente aquellas actividades que dañaran la moral social de sus empresas y comunidades.

Ya a lo largo del siglo XX, en la era de los mercados modernos, la ISR se formalizó con la generalización de los fondos de inversión. Comienza a proliferar con el auge de los movimientos pro derechos civiles y ha seguido evolucionando paralelamente a los cambios experimentados en las demandas que la sociedad ha ido considerando , persiguiendo no solo el objetivo económico sino también el social.

En España el interés por este tipo de productos es cada vez mayor. Según el estudio de SPAINSIF, “La inversión sostenible y responsable en España”, entre 2015 y 2017 los activos gestionados bajo alguna de las estrategias de inversión socialmente responsable crecieron a una tasa del 10%, alcanzando los 23 fondos comercializados.

Nos encontramos en un momento donde las corporaciones y los inversores minoristas orientan sus inversiones a resultados no únicamente financieros, sino también a los resultados sociales que su inversión pueda albergar .

En cuanto a los Bonos de Impacto Social, según uno de sus impulsores Tobby Eccles, “son instrumentos creados para ayudar a que los inversores privados participen en la resolución de los problemas públicos difíciles” y combinan el concepto de rentabilidad con beneficio social, es decir, realizan un “pago por resultados”. Son tres partes las principales involucradas en el diseño de estos instrumentos: un intermediario, el/los inversores privados, y la administración.

Público y privado

Una de las principales características de los BIS es combinar la actuación de la administración pública con la de los inversores privados. En este tipo de productos, el gobierno se compromete a devolver al inversor privado el capital invertido, más una rentabilidad (el “cupón” correspondiente) en caso de éxito. De esta forma, consigue incentivar para que los inversores privados se involucren en la financiación de programas para los que, en un determinado momento, la administración puede no disponer de suficiente capital.

El inversor tendrá en cuenta que el riesgo de este tipo de operaciones es elevado: en el caso de que los programas no tengan el éxito requerido por el contrato (y no se cumplan los objetivos acordados) los inversores deberán renunciar tanto al principal como a los intereses acordados.

La idea principal es la financiación de proyectos que busquen el beneficio social compensando al inversor con una rentabilidad, siempre y cuando el programa social haya cumplido con los objetivos establecidos y, en caso de fracaso del proyecto, el inversor podría asumir el riesgo de perder el capital invertido.

Experiencias en Europa

Con respecto al colectivo migrante, en Europa ya se están implementado este tipo de instrumentos. La primera experiencia ha tenido lugar en Finlandia. El objetivo de este bono de impacto social es fomentar la integración de 3.000 migrantes y refugiados en el mercado laboral finlandés, consiguiendo un empleo en un periodo entre 3 y 4 meses. Para ello los tres principales agentes involucrados en la creación del BIS han sido los siguientes:

 

• • El Gobierno a través de su Ministerio de Economía y Empleo.

 

• • El intermediario, un gestor de fondos de impacto (Epiqus).

 

• • El inversor, el Fondo Europeo de Inversiones (FEI), con una inversión inicial de 10 millones de euros.

 

• • El evaluador independiente, que verifica el cumplimiento de los objetivos del proyecto acordados al inicio.

 

En base al acuerdo de generación del Bono, el FEI obtendrá, por parte del Gobierno Finlandés, una rentabilidad del 10% de su inversión, si el BIS alcanza los niveles previstos de resultados laborales. Se produce con este instrumento un posible mecanismo de financiación en el caso de que el Gobierno no disponga para un momento dado de presupuesto suficiente para llevar a cabo determinados programas sociales.

En el caso de que se tenga éxito con este primer Bono, el FEI espera incrementar sus inversiones en programas de apoyo a los migrantes y refugiados no solo de Finlandia sino también del resto de Europa.

España: Uno de cada cuatro, excluido

En España existe un gran número de personas en situación de exclusión social. En 2017 esta cifra alcanzaba los 12.338.187 de personas, casi el 26,6% de la población española. Hacen falta, por tanto, muchos fondos públicos y privados, para apoyar a determinados colectivos.

Si centramos la atención en los migrantes y refugiados que están llegando a España, es necesaria una respuesta conjunta entre las administraciones y los agentes privados al igual que ha ocurrido en Finlandia. Así, en tiempos donde la cobertura pública pueda ser más escasa, sería el agente privado quien podría ayudar a financiar las ayudas a estos grupos vulnerables.

Definitivamente, si en España llegaran a existir inversores (agencias europeas, grandes corporaciones, grandes grupos de inversores minoristas, etc) que se involucren fomentando la creación de bonos de impacto social que promuevan la integración en la educación y el empleo del colectivo migrante, no solo generaremos oportunidades a las personas que llegan a nuestro país en busca de un futuro mejor, sino que de forma conjunta estaremos dando una respuesta a los retos demográficos a los que España y Europa se enfrentan.

Porque como afirma Zamagni, el hombre no es sólo o fundamentalmente individualista, sino que tiende a desarrollar las propensiones que más se incentiven en el contexto social en el que tiene que actuar.

Antonio Rivas Martínez, Doctorando Instituto Universitario de Estudios sobre Migraciones (IUEM), Universidad Pontificia Comillas

Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lea el original.  Foto: Sangriana / Shutterstock