Cómo utilizar la tecnología para ayudar a las personas sin hogar
El problema de acceso a la vivienda es una realidad aún no resuelta en España. A él han contribuido las diferentes crisis sufridas desde los años 70, la más reciente la de 2008. Según el CIS, en el 2007 llegó a situarse como la principal preocupación de los españoles.
La situación actual de pandemia sigue reflejando las dificultades de la población para acceder a una vivienda. Solo en la comunidad autónoma de Andalucía existían a 31 de diciembre de 2020 un total de 64 471 solicitudes activas de personas demandantes de una vivienda de protección.
Más recientemente, el INE ha publicado los datos correspondientes a las ejecuciones hipotecarias de 2020. Indican que se ha producido un incremento del 27,4 % en las viviendas de personas físicas. Un asunto, el de los desahucios, que también pone en evidencia esta problemática.
En el caso europeo, la crisis habitacional golpea ya a setenta millones de personas mal alojadas. De ellas, cerca de dieciocho millones se encuentran desahuciadas y tres millones sin techo).
En el continente americano, un millón y medio de estadounidenses podrían perder su vivienda cada año. En Nueva York, los tribunales de vivienda tramitan 350 000 procedimientos anuales.
Miles de personas sin hogar
La vivienda de protección juega un papel fundamental en los procesos de inclusión social, sobre todo en sectores vulnerables. Sin embargo, el parque de vivienda pública está bajo mínimos en España. Según el Defensor del Pueblo, se sitúa entre el 1 % y el 1,19 %, con una política que se puede denominar contra-cíclica.
Uno de los sectores afectados de manera directa por la falta de vivienda y la imposibilidad de acceso son las personas sin hogar que por diversas circunstancias se ven durmiendo en la calle.
La no disponibilidad o imposibilidad de acceder a una vivienda digna y adecuada genera exclusión residencial. Coloca a los ciudadanos que la sufren en una situación de inferioridad respecto al resto de la sociedad.
Según la Estrategia Nacional Integral para Personas sin Hogar 2015-2020, existen más de treinta mil personas (33 275) que duermen diariamente en la calle o en algún recurso asistencial público o privado.
Además, los datos revelan un incremento del 66,23 % en el número de usuarios que utilizaron la red de alojamientos en el período de 2006 a 2018. Este aumento sugiere que la cifra de personas sin hogar podría seguir creciendo, favorecida por la situación de pandemia y de crisis social que ya vivimos, y la que se avecina
El modelo de intervención destinado a este colectivo, basado en albergues y otros recursos asistenciales no solo resulta obsoleto, sino que se ha demostrado incapaz de proporcionar una solución.
Necesitamos abordajes más centrados en facilitar necesidades básicas temporales que en hacer cumplir el derecho a acceder a una vivienda digna y adecuada. En el sistema de intervención actual, definido en escalera, el usuario asciende de peldaño conforme va cubriendo etapas previas y sitúa la vivienda en un último escalón prácticamente inalcanzable.
Acciones para combatir la brecha digital
La incorporación de aspectos tecnológicos en la intervención, situando la vivienda y la atención a la persona como elementos centrales, permitiría una visión diferente. Posibilitaría nuevas líneas de acción y acercaría el objetivo último al primer nivel: disponer de un espacio que se configure como hogar.
A la vez se estarían abordando cuestiones como la brecha y el analfabetismo digital en una población de máxima vulnerabilidad. Estas personas necesitarán aprender destrezas digitales en los procesos de inserción sociolaboral en una sociedad cada vez más tecnificada.
Cuestiones como el acceso a internet en los domicilios o la facilitación y el aprendizaje de medios electrónicos debería ser algo incuestionable. La tecnología podría ser utilizada como recurso de cara al seguimiento y el acompañamiento. Por ejemplo, las aplicaciones de mensajería instantánea permitirían una comunicación veinticuatro horas.
La implementación en el ámbito de la vivienda de medios que faciliten la intervención en colectivos vulnerables puede ser un paso más para afrontar el problema de acceso a la vivienda de manera diferente. La meta es entenderlo como un derecho y no como un objetivo alcanzar.
Rafael Arredondo Quijada, Trabajador Social, profesor en los Grado de Trabajo Social y Criminología de la Universidad de Málaga. Vicepresidente del Consejo General de Trabajo Social, Universidad de Málaga
Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lea el original.
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