La comunidad educativa se fijó en las posibilidades de las redes sociales para implementar propuestas de formación desde que, a comienzos de la década de los 2000, empezó el desarrollo espectacular de la llamada web 2.0. Se potenciaban los recursos de interacción entre las personas usuarias, es decir, las redes sociales.
La creación de Facebook en 2004 marcó un momento trascendente. El éxito de la plataforma desencadenó un proceso de integración de las redes sociales en las actividades de los centros formativos, en todos los niveles de educación. Las nuevas plataformas que aparecían, algunas de tanto éxito como YouTube, Instagram, Twitter o TikTok, se incorporaban al proceso.
Las posibilidades interactivas de estas redes son enormes. Pero hay que llamar la atención sobre los riesgos, ya que no son herramientas ideadas para su uso educativo.
Edad y otros aspectos legales
El Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo de la Unión Europea sitúa en 16 años la edad para consentir el tratamiento de los datos personales, aunque deja abierta a los países la posibilidad de reducir la edad hasta los 13. Según la normativa española actual, el consentimiento se puede dar a partir de los 14 años.
En el caso de menores de 14 años, la autorización deben darla las personas que ejerzan la patria potestad o tutela. En España, un reciente Anteproyecto de Ley Orgánica para la protección de las personas menores de edad en los entornos digitales contempla que este consentimiento no se pueda realizar antes de los 16 años, por lo que pronto puede haber cambios. (En Australia se ha prohibido recientemente a los menores de 16 años ya no el consentimiento de tratamiento de datos, sino el propio acceso a las plataformas).
La situación en Hispanoamérica
Los datos de los países hispanoamericanos ofrecen situaciones diversas. El Memorándum de Montevideo, de 2009, traslada a las plataformas la obligación de fijar la edad mínima de acceso. Este criterio es el que parece seguirse en México, con la referencia a la edad que suelen establecer las propias redes sociales, que es de 13 años.
En Colombia, por su parte, se trabaja en un proyecto de ley para prohibir el acceso de menores de 14 años a las redes sin autorización paterna o materna. Por otra parte, en Argentina, el consentimiento de cesión de datos solo se puede dar a partir de los 16 años.
Qué supone la cesión de datos a las empresas
Más allá del consentimiento, conviene reflexionar sobre el tratamiento de los datos personales que hacen las plataformas. Situar a estudiantes en un contexto en que puede normalizarse la cesión de datos directos e indirectos tiene consecuencias.
Los contenidos, así como los datos asociados a ellos, se generan sin coste para las plataformas, que se lucran con el tráfico que generan y el bombardeo publicitario personalizado. Hay ejemplos de uso inapropiado y abusivo de la información en el pasado. Pero, aun sin este tipo de situaciones potencialmente irregulares, los datos que se comparten de manera legal y voluntaria son ingentes.
La voracidad extractiva del capitalismo está detrás de las redes sociales de más éxito. Los datos personales se transforman en activos que se utilizan para generar negocio. Los gustos que expresan las personas usuarias o los patrones de comportamiento en las redes dan lugar a recomendaciones publicitarias que apuntan a perfiles muy concretos. Por otro lado, los datos agregados y anonimizados son muy valiosos porque sirven para detectar tendencias que se aprovechan con fines comerciales o políticos.
Algoritmo y comportamiento adictivo
La dictadura de los me gusta y los comportamientos adictivos a los que quedan sometidas las personas usuarias se basan en la explotación de rasgos vulnerables de la psicología y la sociología humanas. Los algoritmos que distribuyen la información se diseñan para potenciar estos efectos.
En consecuencia, si hay una responsabilidad pedagógica es la de analizar críticamente las redes sociales, no la de normalizar su uso en contextos académicos. En el caso de que se decida incorporar alguna red social a las actividades docentes, los centros formativos tienen que saber qué es lo que van a pedir a los estudiantes que publiquen en espacios que están fuera del control de los mismos centros.
Motivación y riesgos
Es cierto que las redes sociales constituyen entornos conocidos por los jóvenes y ello puede facilitar la motivación. También es cierto que hay que dar a conocer al alumnado los riesgos de meterse en e interactuar en estas redes. Su uso indiscriminado e irreflexivo no es una buena manera de lograr una conciencia crítica. Desde luego, no con lo que implica de cesión de datos y supeditación a los algoritmos que pautan la interacción.
Para educar la conciencia crítica, proponemos, más bien, la observación de situaciones reales que se dan en las redes y no tanto la participación pública en ellas. Puede ser útil fijarse en que hay datos que se comparten de forma habitual y que incluyen aspectos delicados.
Pensemos en las imágenes de menores de edad que padres y madres publican con alegría. O lo fácil que puede ser ponernos en la diana de ciertos delitos, como intentos de robo o estafa, al exponer información propia, de la familia o de personas próximas.
Polarización y desinformación
Será igualmente recomendable el análisis de la extrema agresividad de ciertas voces, así como de las estrategias que se usan para manipular y difundir mentiras y bulos. Y también resultará muy conveniente la reflexión sobre la ética de las intervenciones y cómo reaccionar ante contenidos inadecuados de cualquier tipo. Pero, seguramente, convendrá hacerlo desde fuera de las redes. Puede ser una buena idea, por ejemplo, practicar en entornos controlados por la institución educativa.
Todo lo anterior no implica abjurar de la interacción social en línea como recurso formativo. Pero hay que determinar qué medios se pueden utilizar. Si es el caso, cabe establecer vínculos institucionales con plataformas seleccionadas. Se trata de que las actividades docentes se desarrollen con un aval ético y jurídico.
También se debe definir hasta dónde llega la visibilidad de la información: ¿Se trabaja en grupos pequeños? ¿Se comparte la información con todo el grupo o clase o con el propio centro educativo? ¿Queda esta información abierta de manera totalmente pública? La plataforma que se use se debería poder configurar en este sentido.
De hecho, como se apunta arriba, la interacción social formativa se puede llevar a cabo empleando los recursos de la institución, es decir, sin recurrir a plataformas externas.
Ventajas e inconvenientes que sopesar
La cuestión del uso de las redes sociales tiene muchos puntos de contacto con el debate actual en torno al uso del móvil en las escuelas.
No hay una respuesta única sobre los recursos que se deben usar y cómo. En cada caso se deberán considerar factores como la edad del alumnado, el nivel educativo, los objetivos de aprendizaje o la política institucional respecto a los medios digitales.
En educación superior, por ejemplo, determinadas opiniones o datos compartidos pueden generar problemas en una futura carrera laboral. Pero también es cierto que mostrar tareas llevadas a cabo durante un proceso formativo puede ser el primer paso para generar un portafolios profesional. Hay que encontrar el equilibrio y siempre debe existir una conciencia ética acerca de los procesos que se activan y las posibles consecuencias.
Marcos Cánovas, Profesor titular. Departamento de Traducción, Interpretación y Lenguas Aplicadas, Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya
Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lea el original.
