Por qué los universitarios deberían aprender sobre el cambio climático como condición para graduarse

Ximena Lazo Vitoria, Universidad de Alcalá

El cambio climático se debe, en gran medida, a la actividad humana. Es urgente corresponsabilizarnos de nuestras acciones y modificar profundamente hábitos de vida y consumo. Este cambio solo puede realizarse, como advierte la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, de manera global, concertada y en un marco multilateral en el que han de involucrarse administraciones públicas y sociedad civil.

En esta senda, la educación cumple un rol primordial. Tanto es así que Naciones Unidas la incorpora como una meta específica dentro del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 13, Acción por el Clima. Pero, para que la educación pueda desplegar su enorme poder transformador es necesario introducir modificaciones en el modelo actual. El Pacto Verde Europeo ha dado un importante paso al anunciar precisamente un nuevo marco europeo de competencias universitarias sobre cambio climático y desarrollo sostenible.

En España, la reciente ley estatal de cambio climático (mayo 2021), mencionada más arriba, avanza en la misma línea. En concreto, establece que las universidades revisen el tratamiento del cambio climático en los planes de estudios conducentes a títulos oficiales. No se olvida la ley de garantizar la formación del profesorado y de impulsar decididamente la investigación sobre esta materia.

Propuestas autonómicas

También es bastante conocido el marco que han dibujado muy tempranamente algunos legisladores autonómicos para sus respectivos territorios (Cataluña en 2017, Andalucía en 2018 e Islas Baleares en 2019). Por ejemplo, la ley andaluza establece que “las universidades públicas y privadas de Andalucía incorporarán en los planes de estudios las titulaciones oficiales de grado y posgrado contenidos sobre las causas y los efectos del cambio climático, así como de las medidas que puedan adoptarse para la mitigación y la adaptación al cambio climático” (art. 25.1).

Otras comunidades preparan iniciativas similares (Canarias, Valencia, País Vasco…). Es esperable, pues, que dentro de muy corto espacio de tiempo la arquitectura básica esté ya fijada y se pueda avanzar hacia las etapas subsiguientes.

Hay que considerar, además, que actualmente se está diseñando el nuevo marco normativo universitario. Entre otros, el Anteproyecto de Ley Orgánica del Sistema Universitario, proyecto de real decreto por el que se establece la ordenación de las enseñanzas oficiales del sistema universitario español. De hecho, la Unión Europea ha condicionado la aportación de financiación para España a la efectiva aprobación de este nuevo marco legal.

Además, la estrategia programática del Ministerio de Universidades establece como uno de sus ejes cardinales contar con una “Universidad comprometida con la justicia social y asimismo con la transición ecológica, tanto con su contribución al conocimiento y aplicación del conocimiento en esos ámbitos como en su propia práctica”.

Campus sostenibles

La estrategia subraya el papel ejemplificante de la Universidad: “Los campus y recintos universitarios deben ser prototipos de sostenibilidad”.

Para la puesta en marcha de estas previsiones hay que abordar interrogantes básicos como son, por ejemplo, qué competencias conformarían ese mínimo común denominador que permita alcanzar la alfabetización climática o cómo debería producirse esa incorporación.

Lo cierto es que la línea base de la que partimos no es especialmente halagüeña, revelándose la necesidad de acometer estudios de amplio espectro que permitan tener una radiografía afinada de la realidad que se quiere transformar.

Competencias indispensables

Desde luego, el desafío es mayúsculo dada la transversalidad y carácter holístico del cambio climático y sus causas y efectos. Hay que identificar aquellas competencias sobre cambio climático que todo graduado debería adquirir (lo que podríamos denominar nivel de alfabetización).

Pero también habrá que preparar nuevas generaciones de profesionales con habilidades y capacidades suficientes como para impulsar la descarbonización de la economía, el enfoque de economía circular o el cambio en el modelo energético.

Ciudadanos conscientes y comprometidos para afrontar con solvencia otros tantos problemas derivados de la emergencia climática, como son, por ejemplo, la desforestación o la migración climática.

Todo ello nos devuelve a la casilla de partida: hay que educar para transformar. Y hay que hacerlo sin demora. Como decía Albert Camus en La peste, “el mal que hay en el mundo viene casi siempre de la ignorancia”.

Ximena Lazo Vitoria, Profesora Titular de Derecho Administrativo. Coordinadora Grupo de Investigación Compra Pública Verde, Universidad de Alcalá

Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lea el original.